La Tesorería General de la República valoró los resultados judiciales obtenidos tras el inicio de las cobranzas contra deudores del Crédito con Aval del Estado, luego que más de dos mil recursos de protección fueran presentados en distintas Cortes de Apelaciones del país.
Según informó el organismo, el 74% de estas acciones judiciales fueron declaradas inadmisibles y, además, la Corte Suprema confirmó el rechazo de 239 apelaciones presentadas por quienes recurrieron contra los procesos de cobro impulsados por el Estado.
Desde la Tesorería señalaron que estas resoluciones reflejan la solidez jurídica de las actuaciones institucionales y respaldan la legalidad de los mecanismos utilizados para recuperar recursos públicos asociados al financiamiento de la educación superior. Algo que fue fustigado por la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider.
Actualmente, más de 500 mil personas mantienen morosidades asociadas al CAE y la deuda acumulada supera los cuatro billones de pesos. En paralelo, continúa estancada en el Senado la discusión del proyecto que busca reemplazar el sistema por un nuevo mecanismo de financiamiento estudiantil.