La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de una pareja a quien se indaga por su responsabilidad en un hecho delictual que dice relación con un loteo y venta irregular de terrenos, afectando con ellos a un número importante de víctimas.
Los antecedentes de esta causa los informó el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Copiapó, Pedro Pablo Orellana, quien indicó que la investigación que dirige indagó denuncias referidas a la venta de terrenos de propiedad fiscal y de particulares, los que fueron irregularmente loteados y que se ubican a un costado de la ruta C-372 camino a la localidad de Barranquilla, acción que afectó a cerca de 140 hectáreas de terreno. “La audiencia de formalización se extendió por dos días y en ella la Fiscalía pudo acreditar la comisión de los delitos de loteo irregular, usurpación de propiedad y estafa reiterada, respecto de dos imputados quienes de manera planificada subdividieron el terreno al margen de lo establecido en la Ley general de urbanismo y construcción para luego ofrecerlo a la venta a distintas personas en la suma de $300 mil pesos”, dijo el fiscal.
Orellana agregó que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos ilegales de la pareja investigada ocurrieron desde el año 2022 para lo cual de manera planificada simulaban ser los propietarios de los terrenos dispuestos a la venta, cuestión que resultó ser falsa ya que dichas hectáreas pertenecen a Estado y otra parte a una Sociedad Anónima, ambas son querellantes en esta causa.
FORMALIZACIÓN
En la audiencia en que la Fiscalía formalizó la investigación y comunicó los delitos por los que se investiga a ambos imputados, el fiscal argumentó diligencias desarrolladas por personal de la PDI quienes realizaron trabajo en los sectores señalados verificando las subdivisiones denunciadas ante la Seremi de Bienes Nacionales y ambas policías por los afectados. Agregando que el 20 de diciembre 2022 la Delegación Presidencial Regional, ordenó el desalojo y restitución administrativa inmediata del terreno fiscal, disponiendo que todo ocupante ilegal debía abandonar el inmueble.
Frente a estos antecedentes, y luego que la Fiscalía lograra acreditar la comisión de los delitos indagados y la participación de los imputados, el Juzgado de Garantía de Copiapó accedió a la solicitud del fiscal Orellana y decretó la prisión preventiva de ambas personas por ser consideradas un peligro para la seguridad de la sociedad decretándose su ingreso a la cárcel de la capital regional.