El fiscal nacional, Ángel Valencia, dirigió un oficio al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, para comunicar las medidas adoptadas por organismo con el fin de asegurar el resguardo de la información, tras las múltiples filtraciones de los casos “convenios”, “audios” y “Monsalve”.
En términos concretos, el máximo representante de la entidad detalló la implementación de una instrucción general que contempla que solos los intervinientes en la investigación puedan acceder a los antecedentes, demostrando su calidad de representantes legales.
Del mismo modo, la medida regula las solicitudes de acceso a las carpetas investigativas, destacando que ahora están sujetas a evaluación, debiendo ser justificadas y programadas, con día y horario definido.
Además, a través de la División Informática, el Ministerio Público habilitó un software de protección de datos en todas las estaciones de trabajo, con el propósito de registrar y rastrear el uso de archivos sensibles en los computadores institucionales.
Junto con estas medidas, el fiscal nacional entregó una serie de propuestas para robustecer el resguardo de la información, entre ellas, restringir la entrega de antecedentes sensibles, establecer criterios claros para el acceso a información bajo supervisión judicial y reforzar penalmente el carácter secreto de las investigaciones.